01 de Septiembre, 2016

MERCADO LABORAL, DISCAPACIDAD E INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS EMPRESAS

Entre 2012 y 2015 Ginprosa Ingeniería S.L., una empresa española dedicada a la construcción, dejó de pagar 34.457 euros, del total de 152.893 euros que según la ley tendría que abonar para compensar la carencia de contrataciones de personas con discapacidad en su plantilla.

La incorrecta aplicación de las medidas alternativas, que deberían ser un camino indirecto para la contratación de personas con discapacidad, se convierte en una de las trampas que permite la normativa.

Por ley, las empresas de más de 50 trabajadores deben contratar un 2% de personas con discapacidad o sustituir la cuota por un importe económico, con la previa obtención del denominado 'certificado de excepcionalidad', que les permitirá durante tres años acogerse a medidas alternativas.

Dichas medidas alternativas son: un contrato de servicios o suministros con un Centro Especial de Empleo (CEE), una donación a una fundación que fomente el empleo de las personas con discapacidad o un enclave laboral, que es una figura con la que el CEE envía a sus trabajadores de manera temporal a una empresa.

El importe a pagar viene determinado por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la plantilla de la empresa en sí. Por ejemplo, en el caso de un contrato con un CEE, la cuantía es de 19.170,39 euros (3 veces el IPREM) por trabajador no contratado. En el caso de las donaciones, corresponde a 9.585,19 euros (1,5 veces el IPREM).

Como Ginprosa, otras 16 empresas no llegaron a la cantidad que la ley establece en ninguno de los tres años. En este listado se encuentran nombres como KLM Cía Real Holandesa de Aviación, Mondeléz España Commercial S.L o Honeywell, según una base de datos obtenida para esta investigación con información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que recoge aquellas entidades con actividad en más de una Comunidad Autónoma.

De las empresas citadas, sólo Mondeléz España Commercial justificó su situación. La compañía, perteneciente al grupo Mondeléz, alega que logra el cumplimento de la medida alternativa al sumar los importes de las tres empresas que conforman el grupo empresarial.

En España, 1.128 empresas con actividad en más de una Comunidad Autónoma, siendo en los demás casos competencia de la Comunidad correspondiente, han obtenido del SEPE un certificado de excepcionalidad que les permite, durante un período de tres años, abonar un importe determinado por su número de empleados en vez de contratar a personal con discapacidad. De éstas, sólo 250 realizaron lo marcado por ley. Las compañías restantes varían en su cumplimiento a lo largo de los tres años que dura el certificado de excepcionalidad. Es decir, algunos años sí llegan al importe requerido mientras que otros no.

ESTIMACIÓN CONTRA REALIDAD

Los importes se convierten en cifras aleatorias. Cuando la empresa solicita el certificado de excepcionalidad, adjunta una estimación de lo que pretende invertir una vez aprobado éste. Sin embargo, en 69 casos esa cantidad termina siendo menor.

La empresa Espasa Calpe S.A., una sociedad de Casa del Libro, que a su vez pertenece aGrupo Planeta, es un ejemplo de ello. Una vez aprobado el certificado, la compañía pagó alrededor de 170.000 euros menos de lo que debía para compensar la falta de personas con discapacidad en su plantilla.

Otras empresas son: Mondeléz España Commercial con una brecha de más de 82.000 euros; y Librerías Casa del Libro S.L., otra sociedad de Casa del Libro, con 26.000 euros menos.

Casa del Libro no considera que la diferencia de importes sea un incumplimiento de la ley, y su portavoz justificó para esta investigación que el desfase en la cuantía en 2012 se debe a que se cambió el contrato a otro CEE.

"No hemos tenido ninguna inspección y nunca ha sido sancionado, ni Librerías Casa del Libro ni Espasa Calpe. El ministerio está informado de todo absolutamente", afirma la portavoz.

Sin embargo, vale la pena recordar que el importe a pagar no depende del CEE con el que se trabaje, sino, de la plantilla de la empresa. Por otro lado, la ley no especifica que un grupo empresarial pueda dividir su importe en las diferentes empresas que tenga, sino que cada empresa debe reportar por sí misma, independientemente si forman parte de un conglomerado mayor.

Por su parte Mondeléz España Commercial también justificó que forma parte, junto con otras dos empresas, de Grupo Mondeléz Internacional.

Es imposible confirmar si esta actuación por parte de estas empresas ha sido castigada, pues los detalles de las inspecciones laborales no son públicos. Según Rafael García Matos, subdirector para la coordinación en materia de prevención de riesgos laborales, relaciones laborales y medidas de igualdad de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esto se debe a la protección de datos privados de las empresas.

"A lo mejor esas 69 empresas las tenemos en seguimiento o a algunas de ellas las hemos inspeccionado, porque la programación de inspecciones se hace sobre unos criterios objetivos", indicar García Matos.

LA CARA OCULTA DE LOS CERTIFICADOS

Las solicitudes de excepcionalidad no han parado de crecer con los años. El 63% de los certificados solicitados en la Comunidad de Madrid durante 2014 fueron aprobados. En 2015 esa cifra subió a 67%, según refleja la base de datos.

Una empresa consigue un certificado de excepcionalidad cuando coloca una oferta de empleo en el SEPE especificando los requisitos que buscan en su trabajador y si, pasado un periodo, comprueba que no existen personas con esas capacidades en el mercado.

Cuando la empresa relacionada con la industria aeronáutica, Safran Engineering Servicesenvió su oferta, pidió un perfil concreto: un ingeniero industrial que hablase inglés y francés y con un grado de discapacidad del 33%. "Los requisitos eran imposibles de cumplir hasta para personas sin discapacidad, era una oferta trampa", confiesa una persona cercana a la empresa.

La sorpresa fue mayúscula cuando obtuvieron una respuesta. Sin embargo, nunca llegaron a entrevistar al candidato. La compañía escogió acogerse a una medida alternativa, igual que hizo tres años antes cuando donó 57.511 euros a la Fundación ONCE, en lugar de contratar a personas con discapacidad.

Safran es solo una de tantas empresas que siguen este procedimiento, convirtiendo las medidas alternativas en un obstáculo hacia la inserción laboral de este grupo de personas en el mercado ordinario.

"El truco reside en poner las características más inalcanzables, por lo que automáticamente les dan el certificado de excepcionalidad. Ahí está la trampa", explica Ángel Pontones, director general de DisJob, plataforma de empleo para personas con discapacidad.

LA MEDIDA MÁS EFECTIVA, LA MÁS OLVIDADA

El enclave laboral es una figura olvidada. Su función es que la empresa acoja temporalmente a un trabajador con discapacidad de un Centro Especial de Empleo, rompiendo así las barreras que existen en torno a la eficiencia laboral de este sector. Una medida efectiva para incorporarlos a la empresa ordinaria y que convivan igual que cualquier trabajador.

Sin embargo, a pesar de ser una de las medidas que más fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, también es la más desconocida. En la misma ley no se encuentra ninguna información detallada sobre su funcionamiento y según la base de datos, en cuatro años únicamente se llevaron a cabo 19 enclaves laborales.

"La persona con discapacidad es siempre una sorpresa, no sabes cómo se va a integrar en una plantilla. Surge la cuestión y el miedo de si dará el mismo juego que un trabajador ordinario", apunta Josefa García Lorente, abogada especializada en discapacidad y representante del Consejo General de la Abogacía Española en el Foro Justicia y Discapacidad.

FUENTE: EL MUNDO. MARINA SANDOVAL/ CLAUDIA OCARANZA/ANA SÁNCHEZ
TÍTULO ORIGINAL DEL ARTÍCULO: LAS TRAMPAS PARA BURLAR LA LEY

 

 

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